**Para ello tienen que presentar un recurso legal, desvela el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Mario García Solórzano **Jorge Iglesias o Frenpavih podrían destituir al secretario de Salud, Agustín Lara, quien les ha negado medicamentos y atención a las personas con VIH/Sida, sostiene **La Ley de Amparo permite la destitución de un funcionario corrupto o inepto, agrega. 

 

Colima, México. Avanzada (8 de mayo de 2014).- Si, por ejemplo, el secretario de Salud en el estado, Agustín Lara Esqueda, no cumple con la Constitución al negarles atención y medicamentos a las personas con VIH/Sida y hepatitis C, como lo ha denunciado el  Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) en Colima; un ciudadano o la misma organización podría recurrir a la justicia federal o internacional para que sea removido de su puesto y hasta encarcelado. 

 

Así lo desvela el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Estado de Colima, Mario García Solórzano, al sostener que aunque el gobernador Mario Anguiano Moreno se niegue a destituir al integrante de su gabinete, a pesar de que así se lo han demandado diputados del PRD, del PAN y otros representantes sociales; éste tendría que sujetarse a lo que marque un juez federal o en su caso la Comisión Interamericana en Derechos Humanos.

 

JUSTICIA FEDERAL, UNA OPCIÓN

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que los gobernantes deben de garantizar algunos aspectos para que los mexicanos podamos vivir bien, tales como salud, seguridad, vivienda, alimentación, entre otros; refiere el litigante en entrevista con Avanzada; pero en caso de que no lo haga los ciudadanos pueden presentar alguna demanda ante otras instancias por estar fallando.

 

El representante del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) en Colima, Jorge Iglesias de la Cruz, ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de medicamentos, pésima atención a enfermos de Sida y hepatitis C y otros problemas en el sector salud que encabeza el doctor Agustín Lara, funcionario que “tiene una actitud criminal”, sostiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora. 

 

García Solórzano expone que la remoción de los secretarios y otros funcionarios públicos se puede hacer legalmente luego de que el año pasado, estando en funciones el presidente Enrique Peña Nieto, se aprobó la nueva Ley de Amparo, mediante la cual se establece que si un funcionario no cumple con la garantía al ciudadano se le concede un fallo protector.

 

Es decir, explica, “el juez de distrito le va a conceder el fallo a esta agrupación o persona que no es atendida, o que son discriminados porque tienen VIH/Sida, la autoridad les va a conceder el amparo, la suspensión provisional o definitiva para que sean atendidos, y posteriormente un fallo protector, en el sentido de que le ordenen al secretario de salud que les ministre la atención médica necesaria así como los medicamentos de manera gratuita, porque está establecido en la Constitución Política de la República”. 

 

“Si ese funcionario no cumple con el fallo protector, el quejoso puede acudir ante un incidente de ejecución de sentencia al Tribunal Colegiado de Circuito que tenemos en Colima para que haga cumplir, y la ley de amparo prevé precisamente que si no cumple con el fallo protector la autoridad demandada y señalada como responsable, entonces puede ser cesada de sus funciones y además encarcelada. 

 

CORTE INTERAMERICANA, OTRA OPCIÓN

 

El abogado penalista aplaude que últimamente se han llevado al Congreso de la Unión iniciativas que permiten que el ciudadano tenga más garantías, como la nueva Ley de Amparo, por lo que una persona con Sida, por ejemplo, “si le es negado un derecho que es constitucional, el derecho a la salud, inmediatamente esa persona o agrupación tiene todo el derecho de demandar el amparo y protección de la justicia federal”.

 

La demanda de amparo se establece en el artículo 103 y 107 de la Constitución, de ahí se deriva la ley reglamentaria que es la Ley de Amparo. Además, agrega Mario García Solórzano, “si te concede el fallo protector el amparo, los ciudadanos pueden acudir en demanda a la Corte Interamericana en Derechos Humanos, y como México forma parte, si están siendo violentados los derechos humanos porque tiene VIH y no le dan atención ni medicamentos y consecuentemente, se está violando tus derechos humanos porque está en riesgo tu vida, porque te estás muriendo en vida”.

 

“Entonces la Corte Interamericana abre un juicio en contra de México porque un secretario estatal no cumple con lo que establece la Constitución, en primer lugar, hay violación a los derechos porque no está respetando el derecho a la salud. Se incumplen varios pactos internacionales, por eso procede la denuncia.

Después hay que esperar que cumplan, subraya, pero de entrada los grupos vulnerables de la sociedad mexicana y cualquier ciudadano afectado tiene la opción de acudir en demanda de garantía por violación a los derechos humanos por falta de atención a garantías constitucionales, como es el caso de la salud pública, la seguridad, justicia y otras garantías inmersas en los artículos de la constitución. 

“La Ley de Amparo te permite demandar la destitución de un funcionario corrupto o inepto”, concluye el representante de los penalistas.

 

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